La Procuraduría General de la República y varios procuradores fiscales adscritos a la jurisdicción de Santo Domingo Este fueron sometidos ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) mediante una demanda en responsabilidad patrimonial por presuntos daños materiales y emocionales ocasionados al ciudadano Víctor Scharboy Almánzar.
La acción judicial fue notificada mediante el acto número 712/2025, instrumentado por el Ministerial Robinson E. González A., y fue presentada por los abogados Miguel Álvarez Hazim y Luis Lizardo Cabrera, representantes legales de Scharboy Almánzar. El procedimiento fue depositado formalmente ante el TSA contra la Procuraduría General de la República, en su calidad de entidad encargada de dirigir la investigación penal en representación de la sociedad. También fueron incluidos en la demanda, como personas físicas, la Procuradora General de la República y los procuradores fiscales César Payano, Carlos Casado, Florentino Sánchez Zabala, María Sánchez y Felipe E. Cuevas.
La Procuraduría Fiscal de la provincia Santo Domingo también figura como parte demandada, en tanto órgano con responsabilidad legal y patrimonial. Según la demanda, los fiscales involucrados habrían incumplido los principios establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público, número 133-2011, que exige actuar con imparcialidad, respeto a la Constitución y apego a la ley. Además, se les atribuye la aplicación inadecuada del artículo 260 del Código Procesal Penal.
Víctor Scharboy Almánzar, de 66 años, estuvo privado de libertad durante un período de ocho meses y 15 días, desde septiembre de 2023 hasta mayo de 2024. El caso se originó a raíz de una denuncia presentada por su expareja María Yocasta Escotto de los Santos, conocida como Sulay, quien lo acusó de forma que luego fue declarada infundada. Scharboy fue liberado después de que el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo dictara una sentencia absolutoria el 10 de junio de 2024, al considerarlo no culpable por falta de pruebas suficientes.
La querella señala que los fiscales habrían actuado sin objetividad ni imparcialidad, lo que representa una transgresión al debido proceso legal. Además, se argumenta que estas acciones tuvieron como finalidad dar apariencia legal a una conducta basada en chantaje.
Los abogados defensores sostienen que su representado fue víctima de un proceso injusto, durante el cual se vulneraron sus derechos fundamentales al imponérsele prisión preventiva sin evidencia válida y solicitarse una sanción sin respaldo probatorio.
La familia de Scharboy Almánzar solicita al Tribunal Superior Administrativo que condene de forma solidaria a la Procuraduría General de la República al pago de una indemnización por valor de 30 millones de pesos dominicanos, como compensación por los perjuicios alegados.